Propuesta de reasignación presupuestaria presupuesto 2012

La inversión en educación nunca ha completado los mandatos legales, ya que no ha alcanzado el valor mínimo de inversión con respecto al PIB o al gasto total del presupuesto nacional, según corresponda. Ni siquiera ha alcanzado las metas que posteriormente se han establecido en los planes decenales y estratégicos que han establecido procesos graduales para alcanzar lo planteado en la Ley 66-97. Sigue leyendo →

COMPROMISO POLÍTICO Y SOCIAL POR LA EDUCACION.

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COMPROMISO POLÍTICO Y SOCIAL  POR LA 
EDUCACIÓN

Yo,________________________, candidato a la Presidencia de la República por el Partido ________________________, asumo, ante las organizaciones sociales que firman este documento y ante la sociedad dominicana en general, el compromiso de ejecutar, en caso de ser favorecido con el voto mayoritario del pueblo dominicano, todas y cada una de las acciones y lineamientos de políticas establecidas en el mismo, con el objetivo de promover una mejora sustancial del sistema educativo dominicano para que el mismo garantice una educación de calidad, con equidad, para todos los dominicanos.

Asumimos a plenitud el carácter prioritario de la educación en el desarrollo personal y  social y nos comprometemos a hacer realidad esta prioridad en las ejecutorias de nuestro gobierno durante el período 2012-2016.

Nos comprometemos a presentar una propuesta indicando cómo vamos a hacer realidad cada uno de los objetivos establecidos en este compromiso que estamos asumiendo. De esa manera la sociedad dominicana en general, y las organizaciones sociales signatarias de este compromiso, podrán evaluar su pertinencia, alcance y valía.

Las organizaciones sociales signatarias nos comprometemos a colaborar y a ejercer una función de monitoreo para que los compromisos asumidos se cumplan.

En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, el 7 del mes de septiembre de 2011.

Candidato a la Presidencia por el Partido

En representación de las organizaciones sociales

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CONTENIDO DEL COMPROMISO POLÍTICO Y SOCIAL POR LA EDUCACIÓN

I. FUNDAMENTOS DEL COMPROMISO

Considerando: Que de acuerdo con la constitución, “toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. Como derecho social inalienable la educación ha devenido en el principal medio de emancipación, material y espiritual del ser humano. A través de ella las personas y las colectividades luchan por ser mejores y alcanzar los sueños de bienestar y
felicidad  a los que la humanidad ha aspirado a través de la historia.

Considerando: Que en los últimos 20 años la sociedad dominicana ha crecido en su convencimiento de que sólo una educación de calidad para todos los niños, niñas, y personas jóvenes y adultas garantizará, tal y como lo establecen la constitución, los acuerdos internacionales ratificados por
nuestro país y la ley general de educación, entre otros: a) la formación integral de la persona a lo largo de toda su vida, b) una cohesión del tejido social dominicano fundamentada en  valores que garanticen una vida social basada en la solidaridad, el respeto mutuo, la valorización del ser humano y la justicia social,  c) el desarrollo de las necesarias competencias que le posibiliten a cada dominicano su plena incorporación tanto a la vida productiva de la nación como al desarrollo y disfrute pleno de su ciudadanía en un marco de equidad y d) el desarrollo sostenible del país, tomando como centro de atención el bienestar de la gente.

Considerando: Que lograr una educación de calidad es, en principio, un deber del Estado, expresado en la constitución y las leyes relacionadas. En ese sentido, debe “garantizar una educación gratuita que permita que toda la población tenga igual posibilidad de acceso a todos los niveles y modalidades de la educación”(Ley 66-97). Por su naturaleza y alcance esta responsabilidad debe ser asumida por todos.

 Como ciudadanos y como organizaciones sociales responsables y solidarias con el destino de nuestro país y, en especial, con quienes han tenido que padecer la discriminación y la exclusión de  beneficios que deberían  hoy ser accesibles a todo ser humano, como lo es, entre otros,  la educación, quienes firmamos este compromiso apelamos a los mejores sentimientos  y al entendimiento de los dominicanos para que, de manera solidaria, aunemos esfuerzos para lograr que en la práctica, más que en el discurso, la educación de calidad con equidad para todos se convierta en la prioridad número uno de nuestra sociedad. Esta prioridad no es negociable.

Su  puesta en práctica, con todas las consecuencias que ello implica, desde el punto de vista presupuestario y de definición de políticas públicas y de compromiso ciudadano, constituye un imperativo moral del cual depende el futuro de nuestro país.

Considerando: Que los bajos niveles de desarrollo humano, el deterioro social, en materia de seguridad ciudadana, la violencia estructural que fomenta cada día más inequidad, las manifiestas expresiones de falta de solidaridad social que se observan en todas las esferas de la vida social, desde las instancias más altas de poder hasta el seno mismo de las familias, los grandes niveles de desigualdad social que se han ido acumulando al tiempo que nuestra economía figura como una de las de mayor crecimiento en América Latina, indican que en nuestro país la educación no ha jugado el papel que le corresponde:

a) en su rol de “formar personas, hombres y mujeres, libres, críticos y creativos, capaces de participar y constituir una sociedad libre, democrática y participativa, justa y solidaria; apta para cuestionarla en forma permanente; que combinen el trabajo productivo, el servicio comunitario y la formació humanística, científica y tecnológica con el disfrute del acervo cultural de la humanidad, para contribuir al desarrollo nacional y a su propio desarrollo (ley 66-97);

b) como medio para educar para el conocimiento de la dignidad y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres (ley 66.97); c) en su función de promover la movilidad social  y la disminución de la brecha que separa a los que más tienen de los que carecen de todo,

d) para formar recursos humanos calificados para estimular el desarrollo de la capacidad productiva nacional basado en la eficiencia y en la justicia social;

e) en la promoción de la competitividad del país, que es de las más bajas de América Latina.

Todo esto indica que  la sociedad dominicana, en la práctica, no ha colocado a la educación como la base para lograr su superación social e individual.

Considerando: Que como candidato a la Presidencia de la República y como organizaciones y ciudadanos  comprometidos con el país, queremos asumir nuestra cuota de responsabilidad firmando el presente compromiso político y social por una educación de calidad con equidad, lo que quiere decir por el futuro de nuestro país, el cual, esperamos, deberá conducirnos a un entendimiento común sobre lo que debemos hacer en los próximos años para lograr la educación de calidad con equidad que nuestra sociedad necesita y reclama.

Considerando: Que estamos conscientes de que no hay soluciones fáciles ni somos portadores de recetas. Entendemos que las soluciones deben ser el fruto de la cabal comprensión  de la realidad educativa y social de nuestro país y de un actitud de apertura crítica a los avances más significativos que
en materia de educación las ciencias relacionadas con este quehacer han acumulado en los últimos años, con el objetivo de aprovecharlos y ponerlos al servicio de la educación dominicana.

La sociedad dominicana ha reflexionado mucho y ha llegado a acuerdos importantes sobre lo que se debe hacer para mejorar la educación del país. Al firmar este compromiso, estamos conscientes de que ha llegado el momento de ponernos a trabajar sin descanso en la ejecución de lo que hemos venido consensuando para lograr la educación  a la que todos aspiramos y a la que tienen derechos todos nuestros niños, niñas, y personas jóvenes y adultas. Entendemos que seguir postergando, como se ha hecho hasta ahora,  el inicio de este esfuerzo, es seguir comprometiendo el futuro de nuestro país.

 Considerando: Que en estos últimos años se han hecho muchos intentos por mejorar la educación. Pero los pobres resultados alcanzados, según lo revelan las evaluaciones nacionales e internacionales realizadas, así como la situación general que vive el país, que evidencia un deterioro educativo general, son la mayor prueba de que esos intentos, o no han sido puestos en ejecución por falta de voluntad política o, si se han puesto, por diversas razones no han sido exitosos. De manera particular se debe señalar el no cumplimiento del mandato de la ley que estable el 4% del PIB como inversión mínima en educación.

La Ley  dio un plazo de dos años para lograr el objetivo del 4%, y no se hizo. El Plan Decenal de Educación 2008-2018, también estableció un plan escalonado para cumplir este requisito y tampoco se cumplió. La deuda social acumulada en materia educativa requiere que se cumpla con el 4% en forma efectiva, ya que todos los plazos se han vencido y, además, porque a nivel de América Latina y del promedio mundial el país se ha quedado rezagado en esta materia.

Considerando: Que se requieren cambios profundos en nuestro sistema educativo, si deseamos tener resultados diferentes y mejores a los que hasta ahora hemos logrado. Debemos revisar lo que hemos hecho y tratar de indagar las razones de los pobres resultados obtenidos. Debemos hacer este análisis con humildad, no para buscar culpables que, en cierta medida todos lo somos, sino para aprender de nuestros errores y evitar cometerlos de nuevo. No es  hora de acusar. Tampoco de justificar lo que se ha hecho. Es hora de mirar hacia adelante y de ser capaces de trascender todo lo que nos separa y unirnos alrededor de una causa común. Entendemos que el logro de una educación de calidad para todos debe constituirse en el elemento común que nos una y haga posible que nuestra sociedad inicie un proceso de construcción colectiva de un futuro mejor para todos.

Considerando: Que en esta tarea todos debemos unirnos. Por eso, como candidato a la Presidencia de la República y como organizaciones sociales comprometidas con una mejor educación para nuestros niños, niñas y personas jóvenes y adultas, firmamos este documento mediante el cual asumimos los siguientes compromisos:

II. COMPROMISOS DEL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

1. Cumplir con la Ley de Educación 66-97, poniendo especial atención a los siguientes aspectos de la misma:

1. Cumplir con el 4% del PIB establecido en la Ley 66-97. A este respeto el candidato asume el compromiso de:

i. Hacer los esfuerzos que estén a su alcance para promover el cumplimiento del 4% del PIB en el presupuesto del año 2012, a sabiendas de que la garantía de su compromiso en la asignación  del 4% del PIB será en el presupuesto del 2013, así como el incremento progresivo en los 4 años de su mandato.

ii. Hacer los esfuerzos que estén a su alcance para que la Ley sobre Estrategia Nacional de Desarrollo respete lo establecido en la Ley 66-97 y consigne, además, un incremento sobre ese 4% hasta alcanzar un 8% al final de la ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo en el año 2030.

iii. Diseñar y ejecutar políticas de discriminación positiva para que la ejecución presupuestaria favorezca, en materia de educación, a los sectores y regiones  menos favorecidas.

1. Diseñar y poner en ejecución políticas y medidas de gestión administrativa orientadas al logro de un uso óptimo de estos recursos. Esto  implica prestar atención especial al desarrollo de las capacidades de gestión a lo interno del Ministerio de Educación: Consejo Nacional de Educación, órganos de gestión de la Sede central, de las regionales, de los distritos y de los centros educativos. Establecer un Sistema de Gestión Financiera que garantice que cada peso se utilice para el logro de más y mejores aprendizajes de los estudiantes y un Sistema de Gestión de Personal que se base en el mérito y el buen desempeño de los funcionarios y profesores, que garantice las competencias profesionales y éticas de todo el personal del sistema educativo. Lograr estos objetivos representa un gran desafío pues implica desterrar del sistema de gestión de la educación un conjunto de actitudes y prácticas ligadas al clientelismo, a la inobservancia de las leyes, normas y reglamentos, que permiten la dilapidación de recursos y la escasa efectividad de los planes y programas educativos. Hay que desarrollar la consciencia de que cada peso mal empleado y cada persona incompetente en una posición del sistema educativo resta oportunidad a niños, niñas, personas jóvenes y adultas de recibir una educación de calidad,  esto es moralmente inadmisible.
2. Dar señales inequívocas, desde el inicio de su gestión, de que en el ámbito educativo se apegará fielmente a lo establecido en la Ley, de manera particular, en lo que respecta a sólo nombrar los funcionarios que la Ley establece, comenzando por designar sólo los viceministros contemplados en la misma. El candidato está consciente de que sólo así se logrará que el Ministerio tenga la suficiente autoridad moral para convocar a maestros, a padres y madres, los estudiantes y a las organizaciones comunitarias a asumir  el gran esfuerzo que se tiene que hacer para transformar el sistema educativo nacional con el propósito de que el mismo alcance los estándares de calidad que el país necesita.
3. Tomar medidas para fortalecer  el Consejo Nacional de Educación, de forma que cumpla con sus funciones de fiscalización y supervisión del Ministerio, jugando el importante rol de órgano de control del sistema educativo y garantizando que el mismo refleje la pluralidad de sus componentes y su vocación de ser un espacio para la construcción de los consensos que se requieren para lograr la mejora de la educación.  En este sentido se fortalecerá y se dará más independencia al órgano técnico previsto en el Artículo 85.
4. Diseñar y ejecutar una estrategia para dar cumplimiento al mandato de la ley para descentralizar el Ministerio de Educación. En este aspecto, se aprovechará al máximo los estudios ya realizados, para lograr articular un sistema descentralizado eficaz y efectivo de gestión educativa, que promueva, al mismo tiempo, una sana participación de la comunidad en la gestión educativa a nivel de las Direcciones Regionales, los Distritos Educativos y los centros escolares. Analizar y tomar decisiones en lo relativo a la armonización de la regionalización del MINERD con el sistema de regionalización adoptado por el Gobierno Central en materia de planificación.
5. Poner en ejecución los artículos 201, 202, 203 y 204 que crea el Fondo Nacional de Fomento a la Educación, con todas sus consecuencias.
6. Diseñar estrategias y políticas para movilizar a las comunidades para que participen a nivel de los Distritos Educativos y de los Centros en la supervisión del buen uso de los recursos que deberán fluir a estos niveles como resultado de la aplicación de la descentralización prevista en la Ley.
7. Partir de los planes ya elaborados
   para diseñar un Plan de Acción que tome en cuenta la experiencia, para potenciar lo que sea positivo. Hay que desterrar la práctica de partir permanentemente de cero.
8. Diseñar y poner en ejecución estrategias, políticas y programas orientados a la formación y la dignificación del maestro y de los directivos del sistema educativo, incluyendo las condiciones de trabajo y el garantizarles un salario decente, que se corresponda con la importancia de la tarea que se ha puesto en sus manos. Se hace necesario crear las condiciones  para que desarrollen las competencias  que les permitan asumir el papel que les corresponde en esta etapa del desarrollo de la educación nacional. En esta materia, también, se deben trillar nuevos caminos. Hay que definir un modelo de formación para los docentes y para directivos diferente a lo que hasta ahora hemos tenido.
9. Presentar las propuestas concretas de cómo se piensan ejecutar los lineamientos de políticas y los compromisos establecidos en el presente documento en su programa de gobierno.

III. COMPROMISOS DE LAS ORGANIZACIONES SIGNATARIAS

1.1. Colaborar con el candidato electo, y con el Ministro (a) de Educación designado, para que el cumplimiento de lo acordado se haga efectivo.

1.2. Contribuir a movilizar a las organizaciones sociales para que colaboren en los procesos de descentralización que demanden la participación activa de las mismas a nivel de centro, distrito y regional educativa.

1.3. Establecer un sistema de monitoreo del cumplimiento de los compromisos asumidos mediante la firma de este documento y, como parte de este sistema de monitoreo, rendircuentas, por lo menos semestralmente, a la sociedad dominicana, de este cumplimiento mediante un reporte público que indique  los avances logrados en cada uno de los aspectos contemplados en este compromiso.

1.4. Promover, a nivel de la opinión pública, la importancia de la educación y la importancia de que cada centavo invertido sea dedicado a impactar positivamente los aprendizajes de nuestro estudiantes.

1.5. Colaborar con el nuevo gobierno, y su Ministerio de Educación, en la búsqueda de nuevas formas para seguir mejorando la educación del país.

1.6. Promover un amplio debate de las propuestas del candidato ______________ durante el proceso electoral a fin de lograr que la sociedad dominicana entienda los compromisos asumidos por cada candidato y pueda evaluar y tener una opinión más informada de las mismas.

1.7. Mantener el tema educativo en la agenda pública para que la sociedad se mantenga vigilante y colabore en todos los esfuerzos que se orienten al logro de una mejor educación.

Tanto el candidato como las organizaciones sociales que firman este compromiso entienden que el mismo es sólo un punto de partida para facilitar las demás tareas y decisiones que se deben tomar para lograr la educación de calidad a la que aspira la sociedad dominicana. Entendemos que el futuro del país depende, en gran medida, de lo que logremos hacer en los próximos años para mejorar la calidad de nuestra educación. La responsabilidad de lograrlo nos corresponde a todos los dominicanos (as).

La firma de este compromiso representa el deseo del candidato y de las organizaciones signatarias de trabajar juntos en la construcción de ese futuro.

La estrategia Nacional de desarrollo debe fortalecer los derechos, nunca hacerlos regresivos

Lo primero que la CED quiere resaltar es que la END, debe expresamente de manera clara y concisa lo que es el mandato constitucional del Estado en materia de educación: “Garantizar la Educación Pública Gratuita” (artículo 63, párrafo 3 de la Constitución Dominicana). El lenguaje de derechos no puede estar ausente cuando se habla de educación y consideramos que ese debe ser el punto de partida para todas las consideraciones que se debaten en el documento de la END.

En tal virtud, vamos a compartir algunas consideraciones, fruto del consenso entre diferentes actores comprometidos con el objetivo central de contar con una Educación Digna, que apoye el camino hacia la igualdad y la justicia social en República Dominicana.

Comenzamos reseñando que en el Objetivo 2.1.1 se menciona la equidad de género, pero no se expresa como tal en las líneas de acción. Aun cuando el marco de la estrategia general contemple como un enfoque o política transversal, esto debe expresarse en términos más concretos de líneas de acción. Además se debe tomar en cuenta en las metas intermedias los avances relacionados al tema de género.

En lo relativo al objetivo específico 2.1.1.1, sólo se contempla el trabajo con los y las docentes, pero consideramos necesario incluir un objetivo vinculado a los/las formadores/as de docentes.  Las Universidades y el ISFODOSU (Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña) tienen la responsabilidad de esta formación y tienen que estar acorde con lo que se espera que transmitan a los-as docentes.

Cuando la END habla de, “Incentivar la competencia en la oferta educativa pública y privada, mediante asignaciones de fondos basadas en la calidad de la enseñanza y focalización del gasto basada en la demanda” (objetivo específico 2.1.1.11), se puede colegir un mandato expreso a dejar al juego de la oferta y la demanda del mercado el derecho a la educación. Consideramos que esto es contraproducente en un “Estado Social y Democrático de Derecho”.

Los postulados de la END deben dejar claro que la participación del sector privado en la educación tiene que ir orientada al fortalecimiento del sector público y nunca estimular la privatización paulatina de la educación. Las estrategias de la END, por el contrario, tienen que ir orientadas a detener la tan amplia expansión de la privatización de la educación que se ha desarrollado en los últimos años a través de la construcción de una escuela pública de calidad, a la altura de los más altos estándares que desincentive la incorporación “obligada” en la escuela privada. (objetivos de la línea 2.1.1.14).

El objetivo 2.1.2.2, solo se contempla la dificultad de aprendizaje, pero también existen otras necesidades que podrían limitar el aprendizaje y están referidas NNA con necesidades educativas especiales. En ese sentido la END debe explicitar objetivos concretos relacionados con otras situaciones asociadas a personas con capacidades diferentes física-motoras y de salud mental, por considerar algunas.

Si bien se hace referencia a la “diversificación de la oferta educativa, incluyendo la educación técnico-profesional y la escolarización de adultos” (objetivos de la línea 2.1.2.3), no se menciona explícitamente, la obligación del Estado con la educación de personas con necesidades especiales y con condiciones excepcionales como muy bien se establece en el artículo 63, párrafo 6 de la Constitución.

El derecho a una educación pública, gratuita y de calidad, tiene que ser la línea política expresa en el desarrollo de la educación dominicana en los términos que lo propone la END, de manera que reforcemos los avances constitucionales en materia de derecho y no que construyamos una  República Dominicana cimentada sobre unas raíces de desigualdad. En ese sentido, el fortalecimiento de la educación pública tiene necesariamente que estar atravesada por una inversión suficiente, constante y progresiva, como lo establece la constitución.

En lo relativo a los indicadores planteado en el objetivo de educación, queremos comentar el tratamiento de los siguientes indicadores nos llaman la atención:

1)      En la tasa neta de cobertura educación nivel básica (2.9) se debe trabajar además la tasa de culminación del nivel. Es bien conocido que muchos-as estudiantes ingresan al nivel, pero por diversas causas económicas y sociales no logran terminar.

2)      Las metas del nivel medio (2.10) deben también aspirar a resolverse en un 100%. Así lo dice la constitución que plantea una educación media universal.

3)      En lo relativo al indicador Promedio de los puntajes de los estudiantes de 6to grado de primaria en la prueba de lectura LLECE/UNESCO (2.12), algunos-as especialistas consultados-as por nosotros-as recomiendan que lo mejor es colocar la meta en términos de % de estudiantes x nivel de desempeño con el objetivo de ir disminuyendo el % de estudiantes en los niveles más bajos.

4)      En el indicador relacionado con los años de escolaridad (2.18), en la END se coloca que actualmente el promedio de años de escolaridad es de 9.4, esto porque reducen la edad de la población entre 25 y 39 años. Sin embargo, el informe de Desarrollo  humano 2010, que toma una base poblacional más amplia, coloca ese valor en 6.9. Esa delimitación del límite superior de la edad a considerar, es una reducción del problema y consideramos que debe trabajarse la dificultad en toda su amplitud.

5)      Respecto al analfabetismo (2.19) se coloca una aspiración el 2030 de menos del 4%. Aún cuando conocemos que es una meta muy difícil en las condiciones actuales de inversión y estrategia, la CED propone que nuestra meta debe ser 0% de analfabetismo en 2030. Otros países de la región lo han logrado.

6)      En lo relacionado con las metas de financiamiento en educación, el otorgamiento de un presupuesto para educación de un 4% a ser alcanzado en el 2015, fortalece que la privatización gane terreno y aleja las posibilidades de que la educación se concretice como un derecho otorgado en términos reales. La CED plantea que el 4% debe ser la base inicial tomando como punto de partida el año 2012 e ir aumentando paulatinamente hasta alcanzar un 8% en el 2030. Es importante que se visualicen en ese sentido los indicadores como son en términos reales y al tomar como año base 2009 con un 2.2% de gasto en educación, se coloca el gasto funcional y no el relativo a la educación pre-universitaria. La CED propone que se actualice la línea base al 2010 y se coloque como valor el 1.98% que es lo que realmente se asignó a la MINERD.

Además de lo expresado anteriormente, la CED propone que el pacto que reseña la propuesta (artículo 34) de ley debe ratificar los planes decenales y estratégicos existentes. Hacer un nuevo pacto ignorando los anteriores para nada desarrolla confianza en la veracidad del mismo. Sugerimos que la ratificación de los pactos, sean en el marco de la de manera que el sistema educativo no se convierta en un mecanismo competitivo que genere mayor desigualdad.

Documento posición de la CED

Desde la Coalición Educación Digna (CED) presentamos este documento como herramienta que contiene los lineamientos fundamentales de nuestra avanzada.

Partimos en primer lugar de una lucha contra la ignorancia en un amplio sentido, por considerarla como madre de todas las pobrezas. La ausencia de educación y sus consecuencias, se constituye en un muro que obstaculiza el ejercicio de un Estado de derecho e impide que la sociedad en su conjunto actúe bajo una verdadera definición de libertad, fundamental para el disfrute de la felicidad. Sigue leyendo →

Propuesta técnica de reasignación presupuestaria para presupuesto 2011

Del 2003 al 2004, el monto destinado a Educación tuvo una caída del 18%, mientras que para el resto del periodo se encuentran porcentajes de crecimiento positivos. Incorporando al análisis los porcentajes previstos en el Presupuesto Nacional Plurianual para el Sector Público, observamos que incluso la aspiración de gobierno no llega a alcanzar a los niveles precios a la crisis de 2003.

Para ver propuesta completa haz click aquí.